
La tarde del 7 de abril de 2026 marcó un paso relevante en el debate sobre la regulación del cannabis en Ecuador, cuando con 142 votos favorables la Asamblea Nacional admitió la iniciativa popular para un proyecto de ley orgánica que promueve el uso responsable y regulado del cannabis. La propuesta fue conocida y votada en la sesión 83 del plenaria, y busca equilibrar el acceso medicinal al cannabis con un marco para el uso adulto, siempre garantizando medidas que protejan la salud pública y combatan la ilegalidad y la inseguridad.
Impulsada por la Red de Organizaciones e Individuos Cannábicos del Ecuador (Redcan) el 21 de agosto de 2025, esta iniciativa normativa contempla 23 artículos junto a disposiciones generales y transitorias. Entre sus aspectos más destacados está la autorización para que personas mayores de edad puedan cultivar hasta 30 plantas de cannabis en propiedad privada para uso personal, sin fines comerciales, práctica que se plantea no penalizar.
Jhajaira Urresta, asambleísta integrante de la comisión calificadora que emitió el informe favorable, enfatizó que esta acción legislativa representa la expresión genuina de la democracia participativa y no responde a ningún sesgo político ni ideológico. Además, aclaró que la admisión no implica la aprobación definitiva de la ley, sino la validación técnica para que el proyecto siga su curso a través de la verificación en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El CNE ahora deberá confirmar que esta iniciativa popular cuenta con el respaldo de firmas equivalentes al 0,25 % del registro electoral nacional, para así remitirla de nuevo a la Asamblea para su tratamiento en una comisión permanente especializada.
El respaldo político fue amplio y diverso: asambleístas de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), Revolución Ciudadana (RC), Pachakutik y diputados independientes sumaron sus votos a favor. Se contabilizaron seis abstenciones, entre ellas cuatro miembros de RC y representantes de otras fuerzas políticas.
El proyecto incorpora salvaguardas para proteger a la población joven, estableciendo que los menores de 18 años solo podrán acceder al cannabis con fines medicinales y no para uso adulto. Además, prevé que los adultos puedan asociarse en clubes autorizados para realizar actividades de investigación, consumo, comercialización, cultivo y almacenamiento conforme a los límites que determine el reglamento.
Para fortalecer la regulación, la iniciativa también crea el Instituto Nacional de Regulación del Cannabis, organismo autónomo con la tarea de supervisar y controlar todos los aspectos relacionados con el autocultivo, producción y comercialización del cannabis para uso medicinal y adulto. Este instituto será dirigido por un ejecutivo designado por el presidente de la República, garantizando un control estatal y profesional.
Este avance representa una respuesta concreta a las demandas sociales de regulación del cannabis en Ecuador, con un enfoque en la salud pública y el derecho a la participación ciudadana, dejando claro que el objetivo es reducir las problemáticas derivadas del mercado ilegal y la inseguridad ligada a este fenómeno.
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