
El tribunal del Complejo Judicial Norte en Quito decidió dictar prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dentro de la investigación conocida como caso Triple A, que indaga un presunto esquema de tráfico y comercialización ilegal de combustibles. Esta determinación judicial fue tomada tras un día de deliberaciones y se justifica en los elementos presentados por la Fiscalía en el proceso. Según el tribunal, Álvarez habría violado reiteradamente la medida de vigilancia electrónica impuesta mediante un dispositivo conocido como grillete, al habérselo retirado al menos en 33 ocasiones desde julio de 2025. Por ello, permanecerá detenido durante el proceso judicial.
Cabe destacar que esta es la segunda orden de prisión preventiva que pesa sobre el alcalde guayaquileño. La primera está vinculada al caso Goleada, que apunta a un presunto grupo criminal que habría inyectado capitales ilícitos en empresas relacionadas con la comercialización de combustibles desde 2020. En cuanto al caso Triple A, la Fiscalía indica que se habría producido el desvío de más de 22 millones de galones de combustible, generando un perjuicio económico cercano a 61 millones de dólares. La hipótesis de la Fiscalía sostiene que se vendía combustible en cantidades superiores a la capacidad real de almacenamiento de las distribuidoras, utilizando empresas comercializadoras que adquirían diésel y gasolina subsidiados por Petroecuador.
Horas previas a la decisión judicial, el alcalde Álvarez utilizó su cuenta en X para manifestar su desacuerdo con la prisión preventiva y defender su derecho a enfrentar el proceso en libertad. Indicó que ha cumplido todas las medidas y apeló a la presunción de inocencia, además de criticar la medida como desproporcionada y una posible amenaza al Estado de derecho.
Según el tribunal, la audiencia continuará desarrollándose durante los fines de semana hasta el 22 de marzo, y tendrá además dos sesiones en mayo y otra entre el 6 y el 14 de junio, fechas previstas para la conclusión de la etapa judicial. En este mismo proceso, otros involucrados como José Ricardo Avellán y Fausto Vinicio Gonzaga obtuvieron medidas alternativas, entre ellas la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial.
La decisión de dictar prisión preventiva en un caso de gran impacto y complejidad como el Triple A mantiene en vilo a la ciudadanía y a la opinión pública, conscientes del valor que tiene la transparencia y la integridad en la gestión pública. La hinchada espera que la justicia actúe con celeridad y rigor para esclarecer todas las responsabilidades. El desarrollo del juicio y los próximos pasos marcarán la pauta para el futuro político y judicial del alcalde de la ciudad más grande del país.
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