Un análisis sobre la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua

Desde que Daniel Ortega anunció su intención de continuar en el poder, señalando que Cristiana Chamorro, candidata opositora, tenía reales posibilidades de vencerlo en las elecciones presidenciales de 2021, comenzó una intensa persecución política. La Fiscalía abrió una investigación contra Chamorro, periodista y heredera del diario La Prensa, acusándola de corrupción, desvío de fondos internacionales y lavado de dinero. Finalmente, Cristiana terminó bajo arresto domiciliario, en un episodio que expone los métodos de control autoritario que Ortega ha extendido en Nicaragua.

Ortega, en su búsqueda por un quinto mandato consecutivo, no solo persiguió a la oposición, sino que logró someter a instituciones que constitucionalmente deben ser independientes, poniendo a Fiscalía, jueces, Procuraduría, superintendencias e incluso al Consejo Supremo Electoral a su servicio. Esta maniobra le permitió descalificar candidaturas adversas y borrar partidos opositores del registro electoral. Sorprendentemente, Ortega mantuvo una fachada democrática al garantizar la existencia de competidores controlados por él mismo, quienes acudieron a los comicios desde partidos bajo su influencia, asegurando así una contienda sin real desafío.

Para entender esta situación, es fundamental remontarse a la historia nicaragüense. Ortega es una figura emblemática de la política latinoamericana desde finales de los años setenta, cuando lideró una Junta tras la fuga del dictador Somoza Debayle, último de una dinastía de dictadores que marcó el país durante décadas. Esa herencia autoritaria parece estar en el ADN de Nicaragua, pero el país también tiene una tradición de lucha por la libertad.

Uno de los ejemplos más ilustres es Pedro Joaquín Chamorro, director de La Prensa, asesinado por la dictadura Somoza, cuya muerte sacudió la región y precipitó la caída del régimen. Su esposa, doña Violeta Chamorro, también participó en la Junta Sandinista, pero renunció cuando comprendió el proyecto autoritario que se gestaba. Más tarde, Violeta se convirtió en un símbolo de esperanza electoral, ganando las primeras elecciones libres presionadas por la comunidad internacional y derrotando a la dictadura.

Con su regreso al poder en 2007 mediante elecciones, Ortega nunca abandonó su vocación autoritaria. Su primer acto fue controlar la prensa, la justicia y los organismos de control, poniendo a estas instituciones al servicio de sus intereses. El diario La Prensa, antes bastión de la oposición, fue confiscado y convertido en un museo que rinde homenaje a la dictadura. La represión se extendió a periodistas independientes, a opositores políticos y a una juventud rebelde: cerca de 400 estudiantes fueron encarcelados por protestar contra el régimen, un episodio narrado con maestría en la novela "Tongolele no sabe bailar" de Sergio Ramírez, también exiliado.

Daniel Ortega ha institucionalizado un sistema familiarista en el poder, promoviendo a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta y preparando a su hijo, Danielito, como sucesor. La última provocación fue el exilio forzado de un grupo considerable de opositores, entre ellos Cristiana Chamorro, mediante la salida forzosa hacia Estados Unidos tras perder su nacionalidad, una medida extrema que ilustra los excesos del régimen.

Esta realidad es una dura advertencia sobre qué ocurre cuando una sociedad no defiende sus instituciones ni su libertad, dejando que la dictadura se consolide y perpetúe a costa de la democracia y los derechos humanos.