Galápagos investiga 140 matrimonios por residencias fraudulentas

La provincia de Galápagos, reconocida no solo como un patrimonio natural de la humanidad sino también por su estatus de régimen especial en Ecuador, enfrenta una oleada de casos sospechosos relacionados con matrimonios y uniones de hecho supuestamente fraudulentos, cuyo fin es la obtención de residencias en las islas.

El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos informó que tras rigurosos procesos técnicos y administrativos, se procedió a revocar 45 residencias temporales en el cantón San Cristóbal, debido a inconsistencias detectadas en la acreditación de vínculos conyugales o uniones de hecho que no se han evidenciado como reales y efectivas.

Carlos Ortega, ministro-presidente del Consejo de Gobierno, explicó que Galápagos posee una legislación especial para su conservación y para regular sus actividades, incluyendo un control migratorio estricto basado en la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos. Desde noviembre de 2025, la entidad ha fortalecido las inspecciones tras múltiples denuncias que apuntan a matrimonios fraudulentos.

En diversas redes sociales se han detectado anuncios que ofrecen la venta de residencias en Galápagos, en algunos casos con facilidades de pago, lo que ha motivado la activación de un canal de denuncias. Actualmente, más de 140 casos están bajo investigación para verificar la veracidad de las uniones. Ortega puntualizó que aunque las 45 revocaciones de residencias se concretaron en San Cristóbal, existen sospechas similares en las islas Isabela y Santa Cruz.

El proceso investigativo incluye la recopilación de información y la corroboración de los datos entregados, con el objetivo de comprobar que dichas uniones realmente se cumplan en la convivencia habitual. Se han detectado casos en los que una de las personas reside en las islas mientras su conviviente permanece en otra parte del Ecuador o incluso fuera del país.

Aunque no se ha hallado evidencia que indique la existencia de una red organizada que lucraría con estos procesos, Ortega explicó que las características geográficas y la actividad económica en Galápagos generan un atractivo para quienes buscan establecerse. El nivel salarial en esta provincia supera el promedio del Ecuador continental, factor que incrementa el interés por residir allí.

El procedimiento para estos casos es de índole administrativa, con base en la legislación local, mediante la cual la revocatoria de la residencia implica que la persona queda en situación irregular y se inicia el proceso de expulsión o retiro voluntario. Luego de concluido este trámite, las autoridades consideran avanzar con acciones judiciales, aunque aún no está definido.

Las sanciones derivadas de estos procedimientos contemplan la expulsión del infractor, con prohibiciones para regresar a Galápagos por plazos que pueden variar entre seis meses, uno o dos años. Además, para los residentes permanentes involucrados en estos matrimonios fraudulentos, se contemplan sanciones económicas.

La ley establece también que la autoridad de control migratorio tiene la facultad de verificar durante hasta diez años la continuidad de estas uniones matrimoniales o de hecho, mediante visitas aleatorias o programadas para asegurar el cumplimiento de los vínculos declarados.

Este riguroso control marca un precedente en la provincia y representa el primer proceso formal de revocatoria contra matrimonios irregulares, evidenciando el compromiso de las autoridades para preservar el carácter especial y los recursos naturales de las islas Galápagos.

En definitiva, Galápagos reafirma su compromiso por mantener un equilibrio entre la conservación de su patrimonio único y el ordenamiento migratorio que garantice la legalidad y transparencia en los procesos de residencia.