Noboa propone enmienda que cambia rol del CPCCS en Ecuador

En un movimiento que promete abrir un nuevo capítulo en la institucionalidad ecuatoriana, el presidente Daniel Noboa presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un proyecto de enmienda constitucional para reformar el mecanismo de designación de las autoridades de control del país.

La iniciativa busca modificar el sistema vigente que actualmente otorga al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) la facultad de nombrar a cargos clave como el Fiscal General del Estado, el Contralor General y el Defensor del Pueblo. Con esta enmienda, dichas potestades retornarían a la Asamblea Nacional, devolviendo así al órgano legislativo un rol central en la selección de estos funcionarios.

La propuesta no se limita simplemente a transferir esta atribución, sino que contempla la creación de un modelo mixto en el cual la Asamblea Nacional, comisiones técnicas especializadas y mecanismos de participación ciudadana tendrían un papel conjunto en el proceso de elección. Esto responde a la idea de balancear poderes y evitar la concentración del mismo en un solo organismo, buscando mayor transparencia y representatividad.

Entre las novedades del proyecto, se destaca la intención de consultar a la ciudadanía mediante un referéndum popular. La consulta incluiría preguntas específicas sobre la eliminación de las funciones del CPCCS en el nombramiento de las autoridades mencionadas, permitiendo que el pueblo ecuatoriano exprese su aprobación o rechazo a los cambios propuestos.

Asimismo, la enmienda revisa varios artículos de la Constitución relacionados con las funciones del Estado y su estructura institucional, apuntando a adecuar el marco jurídico para que esta nueva forma de designación sea viable y responda a los principios democráticos.

Este planteamiento del Gobierno refleja un cambio significativo en la percepción del equilibrio de poderes en el país y abre la puerta para que la sociedad participe activamente en la selección de personas que ejercen funciones de control y fiscalización cruciales para el buen funcionamiento del Estado.

Así, la propuesta busca restaurar confianza en las instituciones, reduciendo el riesgo de abusos o concentración indebida de autoridad, y promoviendo un proceso que integre la participación directa del pueblo y la experticia técnica de comisiones especializadas.

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